La guerra jurídica o Lawfare
El 1
de septiembre de 2016 el Senado de Brasil destituyó a Dilma Rousseff de la
presidencia del país en un “juicio político” en el que resultó condenada por
supuestamente haber manipulado el presupuesto público.
Entre
el 2 de noviembre de 2017 y el 6 de marzo de 2018, la expresidenta argentina
Cristina Kirchner recibió tres procesamientos judiciales, dos por presuntos
delitos de corrupción y uno por interferir presuntamente en la investigación
del atentado de la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en el año 1994.
El
24 de enero de 2018 el Tribunal Supremo de Brasil ratifica la sentencia contra
el que fuera presidente del país y actual candidato mejor situado en las
encuestas para las próximas elecciones presidenciales, Lula da Silva, condenado
a 12 años de prisión por corrupción. Acaba en prisión en abril de 2018 y
resulta inhabilitado para la reelección presidencial.
El 9
de abril 2018 la Fiscalía de Colombia ejecuta una orden de captura con fines de
extradición de los EEUU contra el diputado electo del partido FARC y
responsable de la implementación del Acuerdo de Paz Jesús Santrich, por un
supuesto delito de conspiración para exportar cocaína a los EEUU. Desde
entonces permanece en prisión, apartado de la implementación del acuerdo de paz
y sin haber podido tomar posesión de su escaño en la Cámara Legislativa a pesar
de no existir acusación alguna contra él en Colombia.
El 3
de julio de 2018 se dicta por un tribunal de Ecuador una orden de prisión y
captura internacional contra el ex presidente Rafael Correa. Previamente, el 14
de diciembre de 2017, era condenado a seis años de prisión el vicepresidente
Jorge Glas, acusado de corrupción. Y el 17 de junio de 2018 era capturado en
Madrid, por solicitud de Ecuador, Pablo Romero, quien fuera parte del equipo de
Gobierno de Rafael Correa.
“La
legitimidad otorgada al proceso de judicialización de la política emana del
consenso sobre la 'corrupción' como problema fundamental de América Latina”.
Esta premisa cargada de razón formal fue manifestada por instituciones
financieras internacionales y agencias del Gobierno estadounidense promotoras
del Ajuste Estructural del Estado en la década de los años 90. Viene siendo
utilizada para atacar gobiernos, fuerzas políticas y líderes de izquierdas de América
Latina que se oponen a los ajustes neoliberales dictados por el FMI, afirmando
que los “populismos de izquierda” presentan un problema de corrupción
estructural, omitiendo que la corrupción es intrínseca al neoliberalismo y a
las políticas de ajuste y austeridad. Contra todos los que han puesto en marcha
con éxito alternativas a las políticas neoliberales se ha utilizado el
'lawfare', la “guerra jurídica asimétrica”, que ha sustituido la doctrina de la
Seguridad Nacional -guerra contra insurgente- que se impartía desde las
Escuelas de las Américas. Ahora son judiciales las escuelas desde las que el
Norte expande su estrategia para acabar con los gobiernos de izquierdas
inhabilitando políticamente a los líderes que pretenden rescatar la soberanía
nacional de sus pueblos.
Guerra
jurídica o 'lawfare' es una palabra inglesa correspondiente a una contracción
gramatical de las palabras "ley" (Law) y "guerra"
(warfare), que describe una forma de guerra asimétrica. Una "guerra
jurídica" que se despliega a través del uso ilegítimo del derecho interno
o internacional con la intención de dañar al oponente, consiguiendo así la
victoria en un campo de batalla de relaciones políticas públicas, paralizando
política y financieramente a los oponentes, o inmovilizándolos judicialmente
para que no puedan perseguir sus objetivos ni presentar sus candidaturas a
cargos públicos. De esta forma describe el 'lawfare' el “Informe del Encuentro
de expertos en Cleveland sobre el 11 septiembre y sus consecuencias”, del año
2010.
El 'lawfare'
se muestra ahora con toda intensidad. Su planificación comenzó hace años
mientras la izquierda en América Latina ponía en marcha sistemas democráticos
más participativos e igualitarios que eran apoyados mayoritariamente. Mientras
esto ocurría, las fuerzas neoliberales lideradas por el “establecimiento”
estadounidense, diseñaban la nueva estrategia de combate y desprestigio a esos
movimientos políticos que cosechaban éxitos para la izquierda.
Remontémonos
al 16 de octubre de 1998. El exdictador chileno Augusto Pinochet fue detenido
en Londres acusado de crímenes contra la humanidad por una orden emitida por el
juez Garzón a petición de colectivos defensores de víctimas. El final de la
“guerra fría” causó la desorientación estratégica de su vencedor, los EEUU. Era
imprescindible definir un nuevo enemigo que permitiera mantener el conglomerado
militar-industrial base del sistema capitalista que doblegó a los países
socialistas. Ese periodo de desorientación posibilitó que el ejercicio de
acciones penales desde terceros países -la 'jurisdicción universal' contemplada
en las legislaciones nacionales desde hacía años, pero imposible de aplicar
durante la 'guerra fría'-, se convirtiera en una poderosa herramienta contra
regímenes autoritarios responsables de crímenes contra la humanidad, conductas
ilícitas ejecutadas para reprimir los anhelos de cambio de los pueblos. Fueron
años de expansión de la 'jurisdicción universal'. A la detención de Pinochet le
siguió el inicio de procedimientos judiciales impulsados por colectivos de
víctimas contra militares y políticos argentinos, uruguayos, colombianos,
congoleses, estadounidenses, israelíes… responsables de masivas violaciones a
los derechos humanos.
La
respuesta de las democracias occidentales no fue expandir la jurisdicción
universal, sino combatir la oportunidad abierta para hacer respetar el derecho
internacional y acabar con la impunidad de los crímenes internacionales. Las
contrarreformas legales de la 'jurisdicción universal' en Bélgica en el año
2003 y España en los años 2009 (PSOE) y 2014 (PP), son ejemplos de esta
regresión, así justificada: “(…) La jurisdicción universal puede usarse por
motivos políticos o con fines vejatorios, y puede afectar negativamente al
orden mundial causando fricciones innecesarias entre los Estados, abusos
potenciales de los procedimientos legales y privación de derechos humanos
individuales” (I.B.C. Revue internationale de droit pénal, 2008/1, Vol. 79).
Los
precedentes de esta estrategia jurídico-política los encontramos en la
denominada “guerra contra el terrorismo” impulsada después del 11-S de 2001.
Los EE.UU. intentaron crear una nueva interpretación del derecho aplicable a
los conflictos armados, pretendiendo hacer desaparecer paulatinamente la
abismal diferencia entre derecho penal interno y derecho internacional
humanitario. Han intentado imponer nuevas categorías jurídicas no previstas en
las leyes internas ni internacionales, como el “combatiente enemigo ilegal” o
su derecho unilateral a “vigilar y ejecutar” con el que justifican la
utilización de drones asesinos. Un paso más ha sido la masiva judicialización
de la política con sustento en el consenso sobre la “corrupción”, aplicada de
forma generalizada a los líderes de la izquierda alternativa latinoamericana
que han pretendido garantizar la soberanía nacional frente a la injerencia.
Desde
principios del siglo XXI comenzaron a invertir recursos en programas de
cooptación de las instituciones judiciales de numerosos países, en especial los
de América Latina. Las “Escuelas de las Américas” para militares se han
sustituido por escuelas judiciales y programas de capacitación jurídica, tanto
en los Estados Unidos -donde acuden a recibir doctrina jueces y operadores
jurídicos-, como en los países de América del Sur, donde a través de una
generosa financiación de la agencia estadounidense para el desarrollo, la
USAID, se han creado y controlado políticamente las escuelas de capacitación
judicial. En Colombia, desde la creación de la escuela de formación del poder
judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, financiada por USAID, se ha transitado del
sistema jurídico de naturaleza 'continental' -imperio de la ley escrita-
previsto en la Constitución Política, a un sistema de precedente judicial
-'common law' estadounidense- carente de sustento constitucional. Ahora son los
jueces de la Corte Constitucional quienes redactan las leyes mediante el
proceso de revisión constitucional. En caso de sentenciar que una ley no se
ajusta a la Constitución, proceden a darle una nueva redacción actuando como
una segunda y definitiva cámara legislativa. En América Latina asistimos a la
paulatina sustitución de los sistemas penales inquisitivos o mixtos, por el
sistema penal acusatorio a imagen y semejanza del de los Estados Unidos,
provocando un desmesurado empoderamiento de las fiscalías nacionales, que en la
práctica operan sobre las instrucciones, informaciones e 'indictments'
remitidos por la justicia estadounidense.
El
plan diseñado para la expansión del 'lawfare' ha comenzado a alcanzar sus
objetivos. Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Cristina Kirchner, Lula, Jesús
Santrich, Rafael Correa… todos ellos han sido objeto de esta estrategia
político-jurídica que los inmoviliza políticamente en esta nueva guerra
jurídica. El objetivo es desprestigiarlos a ellos y a sus fuerzas políticas
equiparándolos a delincuentes comunes e inhabilitándolos electoralmente. El
poder judicial que permitió que América Latina fuera uno de los continentes con
más corrupción institucional -en muchos casos se benefició de ella-, que nunca
fue capaz de combatirla, ahora se ha convertido en un arma de intervención
directa en los asuntos políticos internos, al servicio de los intereses de las
oligarquías y fuerzas conservadoras foráneas y locales. La guerra jurídica
implica un gran retroceso en los procesos de fortalecimiento institucional de
los países de América Latina. El Poder Judicial debería mantenerse al margen de
la confrontación política para evitar repetir fracasos institucionales de otras
épocas que le causaron graves crisis de legitimidad y el desafecto popular.
Esta injerencia en los asuntos políticos supone la anulación de la
independencia judicial por su consciente politización, y provoca
irremediablemente la desaparición de la división de poderes que sustenta el
Estado de Derecho. El 'lawfare' se ha convertido en uno de los mayores peligros
para la democracia en todo el mundo y en especial en América Latina.
A
modo de cierre
Estos
ejemplos permiten introducirnos en la hipótesis de las guerras híbridas como
conjunto de estrategias que operan -a veces de modo paralelo y combinado- en
espacios en disputa con recursos estratégicos clave, donde existen tensiones
políticas y escenarios “inestables”, de polarización o de conflictividad. Con
ellos recuperamos el argumento inicial sobre lawfare, rescatando su costado
militar y recordando que “es una forma de presionar legalmente al opositor
actuando, en muchas ocasiones, de modo conjunto con operaciones militares que
obligarán al enemigo a defenderse en diferentes áreas”.
Desde
esta perspectiva y atendiendo al modo en que se viene implementando el lawfare
en la región, entendemos que la guerra jurídica forma parte de un concepto más
amplio (en tiempo y espacio) de guerra, la denominada “guerra híbrida”. De
hecho, el concepto acuñado por el General Dunlap fue publicado por primera vez
en un libro titulado Unrestricted Warfare, es decir, guerra irrestricta (o de
amplio alcance) que podría, sin demasiado problema, coincidir con objetivos y
alcance de la guerra híbrida.
En
conclusión, en América Latina, a la guerra convencional contra el
“narcotráfico” y el “terrorismo” (con un indudable trasfondo de intereses
geopolíticos en juego), debemos sumar la guerra jurídica, en el marco de una
guerra híbrida librada contra los procesos de cambio que atentan contra la vía
neoliberal.
Esta
guerra jurídica es sólo una de las modalidades que se están aplicando para
modificar el mapa económico, político y de seguridad latinoamericano, pues una
de las características de la guerra híbrida es la simultaneidad de tácticas,
objetivos y escenarios bélicos.
Las
guerras híbridas han llegado para quedarse, de modo que su estudio y
comprensión son clave para anticipar y poner en evidencia sus mecanismos de
funcionamiento.
